¿Qué determina la opinión pública cuando hablamos de impuestos y leyes climáticas?
La justicia es el predictor más fuerte para que una política climática sea aceptada. Parece contraintuitivo, pero, frente a intereses personales, priorizamos que la ley sea justa para la mayoría de las personas.
Un equipo de investigación de la Göteborgs Universitet, realizó un análisis de 89 bases de datos y encuestó a 119.465 personas en 33 países.
El artículo publicado en la revista Nature revela que la clave de la aceptación pública no está en los datos técnicos, sino en la percepción de justicia.
La justicia distributiva, es decir, cómo se reparten los costos y beneficios entre los diferentes grupos de la sociedad, es el motor principal del apoyo ciudadano, superando por mucho al impacto económico personal.
Además, el artículo incluye una lección de humildad: el conocimiento técnico tiene una relación muy débil con el apoyo a estas políticas. Lo que realmente moviliza es la preocupación climática y la percepción de que una medida es eficaz para mitigar el calentamiento global de forma real, más allá de solo intentar cambiar comportamientos individuales.
Para quienes trabajamos en comunicación e incidencia, estos resultados son clave. Os compartimos más detalles del estudio en el dosier e incluimos al final, recomendaciones estratégicas basadas en ellos.
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